La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz
Fotografía: Cuartoscuro
A partir de 2010, en Veracruz se consolidó un patrón de violencia contra periodistas mediante el fortalecimiento de redes de macrocriminalidad entre autoridades, empresas y grupos del crimen organizado.
Con apoyo de la financiadora Brot für die Welt (Pan Para el Mundo), Propuesta Cívica documentó uno de los periodos más letales para ejercer la libertad de expresión que se dio bajo el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Fotografía: Cuartoscuro
El estado de Veracruz se consolidó como la entidad federativa más peligrosa de México para ejercer la labor periodística, acumulando cifras alarmantes:
18 periodistas asesinados durante el sexenio gubernamental de Javier Duarte de Ochoa (2010–2016),
lo que representó el 58.1% del total de asesinatos contra la prensa en la entidad.
Veracruz mantiene el
primer lugar de violencia
contra periodistas,
con 34 asesinatos y 6
desapariciones hasta
2026.
“En promedio un periodista fue asesinado cada tres meses durante este periodo”
19, 203 agresiones a periodistas y medios de comunicación registradas.
118 ataques directos perpetrados por funcionarios públicos.
55 casos sin un perpetrador identificado, reflejo directo de la colusión y la opacidad oficial.
El patrón de violencia en Veracruz operó a través de una estructura de macrocriminalidad definida por la interacción coordinada entre tres sectores fundamentales:
Fotografía: Cuartoscuro
(actores políticos y mandos institucionales)
(usadas para lavado de dinero y desvío de recursos públicos)
(grupos de delincuencia organizada como Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación)
La fortaleza de estas redes radicó en la captura del Estado tras la presencia de servidores públicos y empresarios que operaban en el límite entre lo legal e ilegal.
Esta alianza dio paso a una gobernanza criminal: un régimen de control territorial orientado al despojo, la extorsión y la extracción de rentas ilegales mediante la protección institucional.
Fidel Herrera Beltrán (2004–2010):
Se crearon los lazos entre la política estatal y el Cártel del Golfo / Los Zetas. Se inició la irrupción de la violencia de manera abierta (balaceras, ejecuciones públicas).
Javier Duarte de Ochoa (2010–2016):
Profundizó las redes de macrocriminalidad heredadas. Estallaron disputas sangrientas por la «plaza» entre Los Zetas y el CJNG (ejemplo de ello fueron los 35 cuerpos abandonados en una avenida de Boca del Río en septiembre de 2011).
La Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río no operó como cuerpo preventivo, sino como una estructura capturada por el crimen, que ayudó en el acoso a periodistas antes de ser disuelta en 2011 para dar entrada a las Fuerzas Armadas (Operativo Veracruz Seguro II).
El asesinato y desaparición de periodistas es una agresión directa al derecho colectivo de la sociedad a estar informada.
Al contrastar la actuación del Estado con instrumentos internacionales como la Observación General N.º 34 de la ONU, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de Minnesota para la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, se concluye que las fiscalías fallaron sistemáticamente al:
Fotografía: Cuartoscuro
Omitir investigar el contexto y las redes de complicidad política vinculadas con la macrocriminalidad estatal.
Investigar los hechos de forma fragmentada y desvinculando el ejercicio periodístico de los móviles del crimen.
Negar el derecho a la verdad y a la reparación integral a los familiares de las víctimas.
La impunidad en los crímenes contra comunicadores ha sido un mecanismo de administración política para continuar con la violencia y mantener redes ilegales de poder. Exigir verdad, justicia y garantías de no repetición sigue siendo una deuda pendiente en México.
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“Nombrar lo ocurrido en Veracruz es obligatorio. Asumir responsabilidades es justicia. Pero romper el ciclo de violencia e impunidad es impostergable”.
Fotografías: Marcos Tello